La historia de los balnearios santiagueros
El suroriental territorio de Santiago de Cuba fue uno de los primeros en el país en aprovechar las aguas de su litoral, y en especial las del interior de su inmensa y bella bahía, para establecerlas como balnearios o simples lugares de baño.
Conscientes sus autoridades de gobierno de lo beneficioso que podrían ser para la salud y la recreación de su población, en fecha tan temprana como 1864 se comenzó la tramitación para la construcción del primer balneario con que contaría la ciudad, ubicado en el lugar conocido como Punta Blanca, al este de la bahía y al norte de la Batería de Saludos.
En las primeras cuatro décadas del siglo XX, se marcó el despegue en cuanto al aprovechamiento de las aguas del litoral para el sano esparcimiento, esta etapa se inicia con la construcción del balneario público de Aguadores, ubicado en la ensenada de igual nombre al este del castillo El Morro, por las excelentes condiciones naturales del lugar y su cercanía a la ciudad.
Aguadores sirvió como balneario público hasta el año de 1948, fecha en la cual se concluyó la construcción del alcantarillado de la ciudad, que desahogaba sus residuos justamente en la desembocadura del río contiguo al sitio.
Los Coquitos, fue otro de los balneario de mayor asistencia de los santiagueros; situado en el interior de la rada en áreas próximas a la Alameda Michelson, ocupaba un total de dos caballerías de tierra, equivalentes a 25 hectáreas, que lindaban por el norte con los terrenos de los señores L. Ros y Compañía y Federico W. Ramsden, por el sur y oeste con propiedades del Estado y por el Este con el mar Caribe.
La construcción de La Socapa se inicia en 1919 ante la solicitud presentada al Ayuntamiento por el Sr. José A. Robert y Sagarra, quien logró la autorización en 1921 para la construcción en lugar de 13 casas de madera destinadas a baños, un muelle que permitiría el arribo de las embarcaciones que transportarían a los bañistas y aprovechar una parte de la playa.
Ya en 1935, la Compañía Bacardí, inició la construcción del balneario privado La Estrella; los primeros intentos por utilizar este lugar con fines recreativos se realizaron en 1941 por los Srs. Manuel Garbey y Leonides Calderío, quienes proponían establecer un balneario público en el sitio por sus condiciones naturales, el que tendría una capacidad para alrededor de 2 000 bañistas, facilidad de comunicaciones y aguas movidas, así como el escaso riesgo para los que no supieran nadar.
De igual modo la playa Siboney, un lugar de excelentes condiciones naturales en el que existía una playa, a solo catorce kilómetros de la ciudad, fue una buena opción para la construcción de un balneario. El proceso de edificación de las instalaciones para su acondicionamiento comenzó en 1957, tras un largo proceso de negociaciones con el Ayuntamiento, iniciado en 1926 por el Sr. Carlos F. Perera y Bravo.
La solicitud para el empleo de este sitio se sustentaba en las bellezas del lugar, la escasez de balnearios de este tipo en las inmediaciones de la ciudad, -sólo existía un proyecto para Aguadores- y las posibles ventajas que podría ofrecer en cuanto a comunicación, con la carretera que se había comenzado a construir por el gobierno de la provincia. En realidad la ya mencionada compañía tenía su proyecto para el empleo de la zona de Siboney, lo cual demostró cuando en 1929 estableció un balneario en el lugar con acceso limitado al público.
El triunfo de la Revolución cubana en 1959, marcó un nuevo momento en la historia de los balnearios. A partir de la promulgación de la Ley número 270 que declaraba el uso público de las costas y playas de la nación, desapareciendo los balnearios de uso privado que existían en nuestro litoral, y permitiendo el acceso a dichas instalaciones de toda la población, sin distinción de raza o de posición social. Dicha ley derogaba la, hasta entonces vigente, Ley de Puertos para la Isla de Cuba, promulgada el 7 de mayo de 1880 y puesta en vigor diez años después; y no sólo se limitó a declarar de uso público a las playas, sino que también, era extensiva a todos los lugares o parajes ubicados a lo largo de nuestro litoral, siempre que no fuera en detrimento del orden público.
