Nuevo sistema de precios en la construcción en Cuba
El Gobierno de Cuba dio a conocer la implementación de un nuevo sistema de precios para el sector de la construcción, con el objetivo de maximizar el uso de los recursos del Estado y garantizar mayor eficiencia en las inversiones públicas. La medida, forma parte de las acciones gubernamentales para promover un marco regulatorio equitativo entre los actores estatales y no estatales.
Según detallaron los ministerios de Finanzas y Precios (MFP) y de la Construcción (Micons), el nuevo mecanismo, denominado Precons III, establece normas claras para los presupuestos de construcción y montaje en obras de inversión, reparaciones capitales y mantenimiento constructivo. La viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, explicó que esta regulación busca asegurar el uso adecuado de los fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura.
Entre los aspectos más relevantes de la Resolución 153 del MFP se encuentra la definición de los costos directos de mano de obra, que incluyen salarios base, pagos por vacaciones y compensaciones por condiciones laborales adversas, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Estos lineamientos están alineados con la Resolución 29/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reforzando así el marco legal para el cálculo de tarifas.
Antonio Amaury Medina, viceministro del Micons, señaló que, tras seis meses de aplicación, se evaluarán los resultados de las nuevas normativas para introducir ajustes si fuera necesario. Además, destacó que los inversionistas tendrán la responsabilidad de elaborar los presupuestos de obra y los estudios de factibilidad, asegurando que los precios se determinen bajo los principios establecidos.
Por su parte, Alva Pérez, directora general del Centro de Desarrollo de Normas y Costos del Micons, subrayó la importancia de medir el impacto financiero de estas disposiciones, tanto en lo que resta del 2025 como en la planificación del próximo año. Las resoluciones 153 del MFP y 173 del Micons, publicadas en la Gaceta Oficial de la República, entrarán en vigor dentro de 60 días, marcando un nuevo paso en la reorganización del sector constructivo en la isla.
