Lavado de dinero no tiene cabida en Cuba
El estado cubano considera que la necesidad de desatar los nudos productivos que obstaculizan el desarrollo de la nación, y de fomentar el comercio exterior, la inversión extranjera y el sector no estatal, no puede ni debe llevar al país a perder de vista el imprescindible control y seguridad de su soberanía y la preservación de sus principales conquistas.
Ninguna nueva medida al calor de la actualización del modelo económico se aprueba si ante todo no va acompañada de su marco legal, y se avanza en materia de orden, respeto a las leyes, organización y prevención, mientras el sector jurídico revisa sus códigos y legislaciones para atemperarlos a estos tiempos.
Todavía queda mucho por hacer y por lograr en este estratégico frente, en el cual se dan los pasos necesarios, se adoptan regulaciones y normas, incluso con vistas a enfrentar nocivos flagelos que hasta hace poco no constituían peligros potenciales para Cuba pero hoy día están al acecho.
La Gaceta Oficial extraordinaria No. 8, del 23 de enero último publicó dos documentos que refrendan la posición del gobierno ante cualquier intento de legalizar ilícitos financieros.
El primero de ellos es el Decreto-Ley No. 317, del Consejo de Estado, titulado "De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento, al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos", del 7 de diciembre de 2013.
El segundo es el Decreto No. 322, también de ese año, con el cual el Consejo de Ministros autoriza a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, del Banco Central de Cuba (BCC), a actuar como unidad central de inteligencia financiera de carácter nacional.
El Decreto-Ley ratifica la vocación del Estado cubano de "preservar la seguridad ciudadana y las demás conquistas sociales alcanzadas" y de cumplir sus compromisos con las convenciones y convenios de la Organización de Naciones Unidas, en tanto subraya que la prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los fenómenos mencionados anteriormente.
Pero "la creciente internacionalización de las relaciones económicas- señala uno de los Por cuantos-, la ampliación de los sujetos que participan, y los desafíos que imponen el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de transacciones financieras, así como la creación de compañías, asociaciones y otras formas de administración comercial y públicas, exigen que se amplíen y armonicen con los estándares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes para la identificación de riesgos, su prevención, detección y el análisis de la información necesaria para preservar la licitud de los fondos que circulan por el país e impedir así que puedan relacionarse con otros provenientes de actividades ilícitas".
La medida establece nuevas bases legales para prevenir y detectar las operaciones que se realicen para dar apariencias de legitimidad o cualquier activo, relacionadas con los flagelos antes mencionados.
Estarán sujetas a cumplirla instituciones financieras -tanto constituidas con arreglo a las leyes nacionales como extranjeras- establecidas en Cuba con licencia del BBC, y que puedan realizar, entre otras, operaciones de fideicomiso, remesas y cambio de moneda.
Contempla además, a personas naturales o jurídicas que actúen de abogados, notarios y consultores, o quienes ejercen la contabilidad por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, en actividades relacionadas con compraventa de inmuebles, o la creación, operación o administración de sociedades o compañías, u otras formas de administración que autoriza la ley.
Estos sujetos tienen la obligación de reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad, según disponga el Banco Central de Cuba.
En la clausura del segundo período ordinario de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 21 de diciembre pasado, Raúl Castro afirmó que "cada paso que demos debe acompañarse del establecimiento y preservación de un clima de ORDEN, DISCIPLINA Y EXIGENCIA; que los problemas deben preverse antes de su aparición y si surgen, hay que actuar de inmediato, sin vacilación, preferentemente cuando son pequeños y aislados, que siempre será preferible a pagar el costo político que entraña la inercia y la pasividad en hacer cumplir la legalidad".
Con información de El economista
