Nuevas normativas para el sector no estatal entran en vigor en Cuba
A partir de este 19 de septiembre entran en vigor un grupo de normativas dirigidas a ordenar y regular la inserción de los actores económicos no estatales en el sistema económico cubano, un mes después de su publicación en la Gaceta Oficial Ordinaria número 78, correspondiente al 19 de agosto. Estas regulaciones buscan facilitar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como de otras formas de gestión privadas, dentro de un marco legal que promueva el control y la legalidad.
Las nuevas medidas, consistentes en seis decretos-leyes, dos decretos y varias resoluciones complementarias, representan una actualización de las normativas aprobadas en 2021. En aquel momento, el propósito era facilitar la convivencia de las mipymes con el sector estatal, en particular fomentando su contribución a la producción. No obstante, como señaló recientemente Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República, durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el desarrollo de estas entidades no ha seguido el rumbo esperado.
Díaz-Canel advirtió que muchas de las mipymes se han dedicado principalmente a la comercialización de productos importados. Aunque estas actividades satisfacen necesidades inmediatas de la población, no contribuyen al desarrollo sostenible que el país requiere. Esta realidad ha provocado la necesidad de ajustar las disposiciones vigentes para encaminar a estos actores económicos hacia un rol más productivo en la economía cubana.
Hasta agosto de este año, los datos oficiales registran la existencia de 11,355 mipymes aprobadas, de las cuales 11,046 son de carácter privado, 238 estatales y 71 cooperativas no agropecuarias (CNA). Estas empresas operan en 126 municipios del país, reflejando una expansión geográfica considerable.
Sin embargo, con la entrada en vigor de las nuevas normativas, uno de los cambios más relevantes será la descentralización progresiva de facultades hacia los gobiernos municipales. Este cambio permitirá a las autoridades locales aprobar tanto mipymes como cooperativas no agropecuarias, responsabilidad que hasta ahora recaía exclusivamente en las instancias nacionales para los trabajadores por cuenta propia.
Para garantizar una transición eficiente, 15 municipios, uno por provincia, junto con el Municipio Especial de Isla de la Juventud, fueron seleccionados como pilotos para preparar a los cuadros locales en la implementación de estas nuevas competencias. La descentralización, se espera, fortalecerá el control y la gestión de estos actores económicos en todo el país, adaptando las decisiones a las particularidades locales.
Una de las normativas más significativas es la creación del Instituto de Actores Económicos No Estatales, que estará subordinado al Consejo de Ministros. Este organismo no solo tendrá la función de ejercer control sobre las mipymes y cooperativas, sino que también velará por sus necesidades y será responsable de revisar o ajustar las regulaciones en caso de ser necesario.
Otra de las medidas fundamentales que se implementan a partir de hoy tiene que ver con el ámbito fiscal. Dado que muchos territorios carecen de recursos suficientes para sostener actividades básicas y considerando la necesidad urgente de aumentar los ingresos para reducir el déficit fiscal y controlar la inflación, el Ministerio de Finanzas y Precios ha emitido una serie de normativas adicionales.
Estas regulaciones están orientadas al tratamiento de precios y tarifas, la contabilidad de los actores económicos no estatales, y las obligaciones tributarias de los trabajadores por cuenta propia, incluyendo el sector de la pesca comercial.
En este sentido, se eliminan las exenciones fiscales que habían sido otorgadas a algunos de estos actores desde su aprobación. Las autoridades han concluido que estos contribuyentes, gracias a sus niveles de ingresos, están en condiciones de contribuir al presupuesto estatal. Además, se establece la obligatoriedad de que todos los actores económicos no estatales cuenten con cuentas bancarias fiscales para poder operar legalmente.
Las nuevas normativas también incluyen disposiciones laborales actualizadas, alineadas con la reciente política de actualización del Código de Trabajo. Se homogeniza el tratamiento en materia de seguridad social y regulaciones contravencionales para todos los actores del sector no estatal. Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, explicó en una reciente mesa redonda que los trabajadores por cuenta propia deben ser los propietarios de los medios de producción, mientras que aquellos que no poseen patrimonio propio pasarán a ser empleados asalariados, formalizando así la relación laboral en el sector.
Asimismo, las actividades secundarias que se realicen dentro de estas entidades no podrán interferir con la actividad principal, y se prohíbe terminantemente la figura del testaferro, es decir, la representación de terceros en los negocios. Esta medida busca prevenir prácticas ilegales y asegurar la transparencia en la gestión de los actores económicos no estatales.
