Incentivos fiscales impulsan inversiones sociales en Cuba

Redacción Exce…
17 November 2026 7:55am
Ministerio de Finanzas y Precios

La Gaceta Oficial No. 95 publicó este lunes la Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), una norma que establece incentivos fiscales para actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector estatal, con el propósito de estimular su participación en obras sociales y contribuir a la reconstrucción de la economía nacional.

La disposición entró en vigor desde este lunes y contempla beneficios tributarios para empresas estatales, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios y otras formas de gestión económica que destinen recursos a proyectos de infraestructura social o a la construcción, rehabilitación y equipamiento de instituciones como escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas.

Entre los principales incentivos figura la deducción del impuesto a pagar equivalente al 20 % de la inversión realizada. Esta bonificación podrá aplicarse durante un período de hasta cinco años. La resolución también establece una reducción del impuesto equivalente al 10 % del valor de las donaciones efectuadas, tanto en efectivo como en especie, a entidades estatales dedicadas a fines sociales. El beneficio se aplicará contra el Impuesto sobre Utilidades o el Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda.

La normativa incorpora además una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades durante los primeros cinco años de operación para aquellos actores económicos que destinen al menos el 50 % de su actividad a la prestación de servicios sociales. A ello se suma la exención del pago del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías necesarias para desarrollar esos servicios.

El Ministerio de Finanzas y Precios asumirá la responsabilidad de controlar los beneficios concedidos, en coordinación con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), con el fin de evaluar los resultados de su aplicación y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Durante declaraciones ofrecidas al Noticiero del Mediodía de la Televisión Cubana, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, explicó que la medida busca complementar los recursos asignados desde el presupuesto estatal mediante la movilización de financiamiento, materiales y otros aportes dirigidos a inversiones en el sector social.

Según precisó, la resolución constituye una respuesta a la propuesta 112 incluida en el documento Transformaciones económicas y sociales, elaborado y aprobado por el Gobierno cubano. El objetivo es fortalecer el respaldo a sectores que requieren recuperación y mejoras para elevar la calidad de los servicios dirigidos a la población.

«Hablamos de escuelas, de hospitales, policlínicos, todo ese sector social que requiere un apoyo, una recuperación para dar mejores servicios a la población», expresó el titular, quien señaló que los incentivos se concentran en la reducción de impuestos asociados a utilidades o ingresos personales, según la naturaleza del contribuyente.

En el caso de las personas jurídicas, como empresas estatales, mipymes, cooperativas agropecuarias y otros actores económicos, el beneficio se reflejará mediante una disminución del impuesto sobre utilidades que corresponda liquidar al cierre del año fiscal. Para las personas naturales, incluidos trabajadores por cuenta propia y productores agropecuarios, la ventaja consistirá en una reducción vinculada al impuesto sobre los ingresos personales.

Regueiro Ale destacó que la iniciativa se fundamenta en el principio de responsabilidad social, al promover que parte de los recursos generados por los actores económicos también contribuya al bienestar colectivo y al fortalecimiento de servicios esenciales para las comunidades.

El ministro señaló que la implementación de la resolución requerirá coordinación entre los gobiernos municipales y los actores económicos de cada territorio para identificar las necesidades prioritarias y definir de forma colegiada el destino de las contribuciones y las inversiones.

Asimismo, recordó que el presupuesto estatal mantiene la responsabilidad principal de financiar la actividad social del país, aunque reconoció que sus limitaciones hacen necesario complementar esos esfuerzos mediante la participación del sector empresarial estatal y no estatal.

Sobre el procedimiento previsto para acceder a los incentivos, explicó que los actores económicos deberán declarar al cierre del año las donaciones realizadas y las inversiones ejecutadas junto al sector presupuestado. Esos montos se reflejarán en la declaración jurada correspondiente y darán lugar a los ajustes tributarios previstos por la norma, sujetos a procesos de comprobación por parte de la ONAT.

También precisó que las entidades beneficiadas tendrán la responsabilidad de actualizar sus registros contables cuando reciban activos fijos, artículos de uso y consumo, equipos tecnológicos, medios para climatización, avituallamientos u otros bienes destinados a instituciones sociales como hogares de ancianos, hogares maternos y centros asistenciales.

La resolución reconoce tanto las contribuciones financieras como las entregas de activos, herramientas, equipamiento y otros recursos valorados monetariamente. Entre los ejemplos mencionados por el titular figuran la reconstrucción de hogares de ancianos, la recuperación de escuelas y hospitales y el mejoramiento de sistemas destinados a la atención social.

«Hablo de inversiones materiales: la reconstrucción de un hogar de ancianos, la del remozamiento de un sistema de alimentación a la familia o de una escuela, la recuperación de una sala de un hospital. En este caso la bonificación, es decir, la reducción del impuesto puede llegar hasta 20%», afirmó.

El ministro aclaró además que no todos los actores económicos cuentan con capacidad para sostener contribuciones de gran magnitud, por lo que el sistema de incentivos pretende respaldar también aportes menores y acciones solidarias que contribuyan al mejoramiento de los servicios sociales.

Como parte de la implementación de la nueva regulación, el Ministerio de Finanzas y Precios prevé desarrollar acciones de capacitación y divulgación para favorecer una mejor comprensión de los mecanismos establecidos y de los beneficios fiscales disponibles.

Back to top