Cuba fortalece su arbitraje comercial internacional con nueva norma jurídica

Desde hace casi seis décadas, Cuba cuenta con un órgano especializado en resolver litigios mercantiles de forma ágil, eficiente y confidencial. Ahora, la isla suma a su arsenal jurídico el Decreto-Ley 87 de 2024, una herramienta diseñada para enfrentar los desafíos actuales en el comercio exterior y la inversión extranjera, alineándose con los estándares internacionales más modernos.
La Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, adscrita a la Cámara de Comercio de la República y renovada recientemente para el período 2025-2028, recibirá un respaldo clave con esta nueva normativa. Según el Doctor en Derecho Rodolfo Dávalos Fernández, ratificado como presidente de la Corte durante la juramentación a mediados de enero, el país ha equipado a su sector empresarial con reglas de arbitraje actualizadas, lo que refuerza la seguridad jurídica en los negocios.
Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), calificó la norma como robusta y bien estructurada, destacando su papel en el fortalecimiento institucional de la Corte y en la alineación de Cuba con prácticas globales. Para Pérez-Oliva, este organismo es indispensable en el contexto actual, especialmente por su estrecha relación con las actividades que gestiona su ministerio.
Durante la ceremonia de juramentación, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político, resaltó la importancia de la Corte en estos tiempos complejos, subrayando su contribución histórica al perfeccionamiento de las relaciones comerciales y la cooperación económica internacional. Marrero Cruz recordó que Cuba, como economía abierta, no está aislada de las dinámicas globales y enfatizó la necesidad de que los empresarios y negociadores cubanos desarrollen una cultura contractual sólida para evitar acuerdos desventajosos.
El Decreto-Ley 87 no solo moderniza el marco legal, sino que también sienta las bases para que La Habana pueda convertirse, de manera progresiva, en sede de procesos de arbitraje internacional. Cuba es signataria de convenciones clave en esta materia, como la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional (1961) y la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958), lo que refuerza su compromiso con un sistema transparente y confiable.
Con esta actualización, la mayor de las Antillas reafirma su voluntad de integrarse al comercio global bajo reglas claras y equitativas, ofreciendo mayor certidumbre a los inversionistas y socios comerciales.